La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado una serie de auditorías especiales sobre el ejercicio presupuestal de los programas destinados a la preservación de los Pueblos Mágicos durante el ejercicio fiscal 2026. Esta acción responde a la necesidad de verificar la correcta aplicación de 2,500 millones de pesos asignados para el mejoramiento urbano y la conservación del patrimonio cultural en zonas de alta afluencia turística.
El punto crítico de la investigación se centra en los fideicomisos estatales que administran los recursos del programa «Rutas Mágicas de Color». Las autoridades buscan descartar irregularidades en la contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de fachadas en centros históricos de Oaxaca y San Miguel de Allende, donde se han reportado sobrecostos en los materiales y retrasos en la ejecución de las obras.
A pesar de que el turismo cultural es presentado como una joya de rentabilidad, la transparencia en la distribución de la derrama económica hacia los pequeños comerciantes sigue bajo escrutinio. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informes detallados sobre el impacto real de los estímulos fiscales otorgados a las grandes cadenas hoteleras instaladas en zonas de monumentos.
La normativa vigente para la operación de los Pueblos Mágicos exige que el 60% de la inversión se destine a proyectos con impacto social directo. No obstante, los reportes preliminares indican que el gasto se ha concentrado en la pavimentación de accesos principales, dejando de lado la capacitación técnica de artesanos y la seguridad en las rutas periféricas, factores fundamentales para la sostenibilidad del modelo a largo plazo.
En el Congreso de la Unión, diversas bancadas han propuesto una reforma a la Ley General de Turismo para fortalecer los mecanismos de fiscalización. La propuesta busca que los municipios con denominación de «Mágicos» publiquen trimestralmente un estado financiero sobre la recaudación por concepto de impuestos al hospedaje y su posterior reinversión en servicios públicos como alumbrado y recolección de residuos.
La plana mayor del sector público defiende que los resultados económicos justifican la inversión, pero los organismos de vigilancia insisten en que la opacidad en las asignaciones directas de contratos pone en riesgo la credibilidad del programa. La falta de métricas claras sobre la reducción de la pobreza en estas zonas ha generado dudas sobre si el turismo cultural está cumpliendo su función de distribuir la riqueza de manera equitativa.
El proceso de fiscalización continuará durante el resto del año, con la mira puesta en garantizar que los recursos públicos no se conviertan en un subsidio para la gentrificación de los centros históricos. La transparencia será la única vía para que el patrimonio vivo de México siga siendo una fuente de ingresos legítima y no un foco de corrupción administrativa que erosione la confianza del contribuyente.
